La iniciativa 1631 aumentaría los costos de la subvención PUD en millones

La Iniciativa 1631, que aparecerá en la boleta electoral del estado de noviembre, impondría una tarifa sobre las emisiones de carbono que podría resultar en un aumento del 5 por ciento ($ 16 millones) en los costos anuales promedio de Grant PUD.

Esa es la última estimación de los analistas de Grant PUD Jeremy Nolan y Paul Dietz. La estimación se basa en el período de seis años que sigue al año en el que se espera que el crecimiento de la carga en el condado de Grant supere la capacidad de Grant PUD para suministrar energía vinculada a las represas de Priest Rapids y Wanapum, solo. Se espera que ese momento llegue a principios de la década de 2020, según las proyecciones de crecimiento actuales. Si se aprueba, la I-1631 entraría en vigencia el 1 de enero de 2020.

Hasta que Grant PUD crezca a través del poder de su proyecto, la venta de nuestro excedente de electricidad podría compensar de alguna manera los costos más altos esperados como resultado de la iniciativa. Cualquier compensación potencial sería de corta duración. Determinar el tamaño de una posible compensación requeriría un análisis complicado que Nolan y Dietz realizarían si se aprueba la iniciativa.

A medida que crece la demanda de electricidad del condado, Grant PUD necesitaría comprar más electricidad en el mercado energético de la costa oeste. Esta energía proviene de una variedad de fuentes de generación, incluidos el carbón y el gas natural, que producen carbono que estaría sujeto a la tarifa propuesta.

Sería posible comprar electricidad libre de carbono (energía hidroeléctrica, solar y eólica) en el mercado mayorista, pero el costo de esta energía sería mayor debido al valor agregado de sus atributos libres de carbono. La estimación de Grant PUD tiene esto en cuenta, dijo Nolan.

La forma en que Grant PUD absorbería este aumento de costos es una decisión de los comisionados y gerentes ejecutivos de PUD. Reducción de costos y los aumentos de las tarifas eléctricas podrían ser parte de la combinación.

Grant PUD no se ha pronunciado sobre I-1631, pero quiere hacer correr la voz sobre sus impactos esperados.

Los comisionados de Franklin PUD votaron el 28 de agosto para oponerse a la I-1631, citando un impacto de $ 700,000 a $ 1 millón, requisitos onerosos para calificar para créditos y erosión del control local (ver su paquete de comisiones, página 21). Benton PUD también ha votado a favor de oponerse, citando un impacto de $ 1 millón a $ 2.1 millones en 2020.

iniciativa 1631 promulgaría una tarifa de emisiones de carbono de $ 15 por tonelada métrica de carbono a partir del 1 de enero de 2020.

La tarifa aumentaría $ 2 anuales más la inflación hasta que se cumplan las metas de reducción de gases de efecto invernadero del estado para 2035 y el estado esté en una trayectoria para cumplir con su meta de reducción de gases de efecto invernadero para 2050.
Los ingresos de la tarifa se destinarían a tres fondos:

1. 70 por ciento para programas y proyectos de calidad del aire y energía.
2. 25 por ciento para proyectos de calidad del agua y sanidad forestal.
3. 5 por ciento para comunidades saludables.

En 2016, el 59.25 por ciento de los votantes de Washington rechazaron una iniciativa de impuestos al carbono. iniciativa 732. Si se aprueba la Iniciativa 1631 en noviembre, Washington se convertiría en el primer estado en tener una tarifa de carbono.

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The Public Generating Pool, que incluye a Grant PUD y otras empresas de servicios públicos, contrató a Energy and Environmental Economics, una respetada firma consultora, para analizar qué políticas respaldan mejor un enfoque de menor costo para las emisiones de carbono y lo que significaría para el
Cartera de recursos energéticos del noroeste. Los hallazgos clave son:

• La regulación de las emisiones a través de un precio de carbono o un límite de emisión se sumaría a los costos de los servicios públicos, pero de todas las opciones consideradas, es la forma más efectiva y de menor costo de reducir las emisiones de carbono.
• Un estándar de cartera renovable (RPS) más alto da como resultado costos más altos y emisiones de carbono más altas que una política que se enfoca directamente en el carbono. Un RPS requiere que las empresas de servicios públicos suministren una parte de su carga utilizando solo fuentes de energía renovables calificadas.
• El nuevo gas natural es parte de una cartera de menor costo para atender la carga pública, incluso en escenarios con restricciones de carbono. Prohibir la nueva generación de gas natural aumentaría los costos de la electricidad en más de mil millones de dólares anualmente, mientras se hace poco para evitar emisiones de carbono adicionales.